Madrid, 2 nov (PL) La justicia española ordenó hoy prisión incondicional sin fianza para el cesado vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del gobierno catalán por cargos relacionados con el proceso secesionista en esa región.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela asumió así el pedido de la Fiscalía General del Estado, que los acusó de rebelión, sedición y malversación por su presunta responsabilidad en la declaración unilateral de independencia de esa comunidad autónoma.
Lamela decidió enviar a la cárcel a los dirigentes separatistas por los delitos vinculados con el plan de la Generalitat (Ejecutivo catalán), que culminó el 27 de octubre con la proclamación de una República por el parlamento de esa región de 7,5 millones de habitantes.
«La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia», señaló la jueza.
En su auto, la jueza del alto tribunal apreció alta probabilidad de riesgo de fuga de los imputados, porque -argumentó- no «puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero».
Aludió así al desplazamiento del destituido presidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsejeros (ministros), quienes se encuentran en Bruselas (Bélgica).
«En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido», remarcó el fallo.
Precisamente, la Fiscalía solicitó también este jueves a la Audiencia Nacional que emita una orden europea de detención contra el depuesto mandatario autonómico y los cuatro colaboradores que viajaron el lunes a la capital belga junto a él.
Para evaluar el riesgo de fuga, Lamela tiene en cuenta, además, la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa, porque «a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huir».
En esa línea, recordó que «los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, 15 años por el delito de sedición y ocho años» por el de malversación de bienes.
Justicia española decreta prisión contra ocho dirigentes catalanes
